La ministra Patricia Bullrich sorprendió con una declaración en vivo que dejó más preguntas que respuestas. Al ser consultada sobre las sospechas de que el dinero recibido por el senador Kueider pudo estar relacionado con su voto favorable al gobierno, su respuesta fue tan directa como alarmante: «Pasa que la estamos remando en el Congreso, todo es con transacciones. Vos me das esto, yo te voto esto otro.»
Este sincericidio no solo expone un sistema político que normaliza el intercambio de favores como herramienta de negociación, sino que también confirma lo que muchos ya sospechaban: las decisiones en el Congreso no siempre responden al bien común, sino a arreglos que poco tienen que ver con el mandato ciudadano.
Desde antes del caso Kueider, diversos medios nacionales han señalado la compra de voluntades como una práctica recurrente. Se ha hablado de designaciones en cargos políticos y diplomáticos, promesas de obras públicas que nunca se concretaron e incluso dinero en efectivo. Sin embargo, escuchar a una ministra justificar estos manejos en televisión marca un punto crítico en la percepción de la corrupción política.
Lejos de aclarar, Bullrich oscureció el panorama. Su declaración no solo confirma la existencia de estas «transacciones», sino que las presenta como parte del funcionamiento habitual del sistema. ¿Es este el estándar ético que debemos aceptar de quienes toman decisiones en nombre de todos?
La corrupción no solo se normaliza, sino que se justifica públicamente, desdibujando los límites entre lo legal, lo ético y lo descarado.