El debate sobre el futuro de la Vía Navegable Troncal, pieza esencial para el comercio exterior argentino, ha resurgido con fuerza, generando controversia en diversos sectores políticos y económicos del país. En medio de esta discusión, se enfrenta la defensa de la soberanía nacional contra los intereses de poderosos lobbies que buscan privatizar este recurso estratégico. Mientras algunos sectores apuestan por su concesión a empresas privadas, otros resaltan la importancia de mantener el control estatal, que ha demostrado ser económicamente beneficioso para la nación.

El Diputado Nacional Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica/ARI, pidió a los presidentes de las comisiones de Transporte y de Intereses Marítimos que convoquen a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional responsables de la elaboración de los pliegos de licitación de la Vía Navegable Troncal. Fundamentó su pedido en la magnitud del proceso licitatorio, que según él, representaría la mayor licitación mundial de dragado en los últimos años, con un contrato estimado en más de 12.000 millones de dólares. Ferraro subraya que este proceso tiene un impacto directo en la competitividad de las exportaciones argentinas, lo que implica una relevancia estratégica para la economía nacional.

Sin embargo, al mismo tiempo, en su solicitud Ferraro parece reforzar la necesidad de una mayor supervisión del proceso, lo que ha sido interpretado como una maniobra para alinear la discusión con los intereses de grandes corporaciones multinacionales que buscan mantener el control de esta vital vía navegable. Esta postura está siendo vista por muchos como una respuesta ante los sectores que promueven la privatización del recurso, priorizando los beneficios privados por encima de los intereses del pueblo argentino.

Por otro lado, la Diputada Nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) ha presentado un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre el proceso de licitación internacional para la concesión de la Hidrovía. Propato, que se ha posicionado como una de las voces más firmes en defensa de la soberanía nacional, hace hincapié en que no hay necesidad alguna de privatizar un recurso que ha sido gestionado con éxito y rentabilidad por la Administración General de Puertos (AGP), organismo estatal que ha demostrado resultados positivos desde que asumió el control de la Vía Navegable Troncal en 2020.

En su propuesta, la Diputada destaca que, en lugar de avanzar con una nueva concesión a una empresa multinacional, el Estado debería continuar con el manejo de la Hidrovía, algo que ha sido beneficioso tanto en términos económicos como estratégicos. El control estatal de la vía ha permitido generar un superávit, y la implementación de políticas públicas en torno al cobro de peajes y el mantenimiento de la infraestructura ha sido un factor clave para garantizar su funcionamiento eficiente.

Un punto central del proyecto de Propato es la falta de consulta a las provincias ribereñas, las cuales se verán directamente afectadas por cualquier cambio en el control de la Hidrovía. Según su proyecto, las provincias afectadas por la Vía Troncal no han sido incluidas en el proceso de toma de decisiones, lo que pone en evidencia la falta de participación de los actores locales, que deberían tener voz en las discusiones sobre un recurso tan vital para su desarrollo económico y social.

El manejo estatal de la Vía Navegable Troncal es de suma importancia no solo desde una perspectiva económica, sino también política y territorial. La Hidrovía, que recorre más de 1.400 kilómetros, conecta los puertos del Río Paraná y el Río de la Plata con el océano Atlántico, siendo responsable del transporte de aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales. En este sentido, el control de esta vía no solo tiene implicaciones económicas, sino que también juega un papel crucial en la defensa de la soberanía territorial de Argentina, al garantizar que un recurso estratégico de la nación no quede en manos de intereses externos.

La Vía Navegable Troncal se ha consolidado como una arteria esencial para el comercio exterior, transportando no solo productos agrícolas, sino también materias primas y productos industriales. Su importancia ha sido reconocida por diversas voces del ámbito político, social y económico, que coinciden en la necesidad de garantizar su manejo bajo control estatal para preservar la soberanía argentina sobre este recurso esencial.

El vencimiento de los contratos de concesión en 2020 abrió la oportunidad histórica para que el Estado argentino reconsiderara su estrategia respecto al manejo de la Hidrovía, y si bien algunos sectores apoyan la relicitación como una forma de modernizar y optimizar el proceso, otros señalan que esta decisión implica un riesgo para la soberanía del país. El reciente decreto 699/24, que otorga nuevos impulsos a la privatización, ha generado alarma en diversos sectores que consideran que este tipo de políticas van en contra del interés nacional.

Si bien el la intención de Ferraro busca esclarecer algunos aspectos de la licitación, no se puede obviar que su postura parece más alineada con los sectores privatizadores, que ven en la concesión de la Hidrovía una oportunidad para incrementar sus ganancias a expensas del control estatal. En contraste, la propuesta de Propato pone énfasis en la necesidad de fortalecer el control estatal y priorizar el interés del pueblo argentino.

En definitiva, la discusión sobre la Hidrovía es mucho más que un simple debate económico. Se trata de una disputa por la soberanía nacional y el control de un recurso estratégico, cuyo manejo definirá en gran medida el futuro de la economía argentina y su relación con el resto del mundo. Mientras algunos sectores buscan entregar este recurso a manos privadas, otros defienden el control estatal como garantía de independencia, justicia social y desarrollo económico. La pregunta, entonces, es clara: ¿quiénes están del lado del pueblo argentino, y quiénes favorecen los intereses privados a costa de la soberanía nacional?

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