El índice de inflación de diciembre volvió a encender las alarmas en el equipo económico del Gobierno, con una inflación núcleo que superó el 3% mensual y una anual que mantiene la economía bajo fuerte presión. Frente a este escenario, la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo adoptó medidas de carácter transitorio que buscan contener el impacto inmediato sin atacar las causas estructurales de la crisis.

Las decisiones incluyeron la reducción del crawling peg de 2% a 1% mensual, una medida que apunta a estabilizar el mercado cambiario incentivando a las empresas a endeudarse en dólares para reforzar las reservas del Banco Central. Sin embargo, el efecto en los precios internos se proyecta limitado, lo que genera dudas sobre la efectividad de esta estrategia. Simultáneamente, la decisión de mantener la tasa de política monetaria intenta evitar una fuga masiva de ahorros en pesos hacia la compra de divisas extranjeras.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una medida significativa: habilitar la utilización del dólar como moneda en operaciones comerciales cotidianas. Ahora, los comercios pueden exhibir precios en cualquier moneda y aceptar pagos electrónicos en dólares, una decisión que busca emular el modelo aplicado en Venezuela para combatir la hiperinflación. Este enfoque permitiría que la economía minorista funcione con mayor estabilidad cambiaria, pero plantea interrogantes sobre su aplicación en un contexto donde el dólar sigue siendo visto como una herramienta de atesoramiento.

El informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) también reactivó tensiones. El organismo cuestionó la falta de acumulación de reservas y las restricciones al flujo de capitales, exigiendo la unificación cambiaria y la eliminación del cepo como puntos clave de cualquier acuerdo futuro. Aunque desde el oficialismo se intenta ganar tiempo para evitar una devaluación brusca, el mercado anticipa un tipo de cambio libre que podría oscilar entre los 1.000 y los 1.500 pesos por dólar, según estimaciones privadas.

Las comparaciones con Venezuela no son ajenas al debate. Allí, la economía adoptó de facto el uso del dólar, una medida que permitió estabilizar parcialmente los precios y cerrar 2023 con una inflación anual significativamente menor a la registrada en años anteriores. En Argentina, sin embargo, la inflación en dólares alcanzó el 84,7% anual, lo que refleja los desafíos de implementar una dolarización parcial sin reservas suficientes.

La expectativa de devaluación sigue siendo alta, alimentada por las exigencias del FMI y las tensiones internas en el mercado. El Gobierno busca equilibrar las demandas de estabilización con la necesidad de mantener un discurso político que priorice las promesas de campaña. Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas transitorias podrían ser insuficientes para enfrentar una crisis inflacionaria de raíz estructural, dejando al país ante un panorama incierto en un año electoral clave.

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