El Gobierno de Javier Milei ha intensificado su política de ajuste social con la implementación del Decreto 843/2024 y la Resolución 187/2025, que establecen nuevos y más estrictos requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez. Estas normativas podrían dejar sin ingresos a miles de personas con discapacidad que no logren cumplir con las exigencias impuestas.
Condiciones cada vez más excluyentes
Entre los requisitos, los beneficiarios deben acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, avalada por un Certificado Médico Oficial (CMO) emitido por profesionales autorizados. Además, se exige tener menos de 65 años, residir al menos 10 años en el país para ciudadanos extranjeros, y demostrar que los ingresos familiares no superan las cuatro jubilaciones mínimas.
Estas condiciones, en lugar de garantizar transparencia, han desatado una ola de exclusión social. Familias con menores recursos enfrentan grandes dificultades para cumplir con la burocracia médica, mientras los criterios económicos restringen aún más el alcance de estas pensiones.
Auditorías masivas: ¿transparencia o ajuste?
El impacto de la medida ya es visible. En la provincia de Chaco, más del 60% de los pensionados han visto suspendidos sus beneficios bajo el argumento de «irregularidades detectadas» en las auditorías implementadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Si bien el discurso oficial presenta estas auditorías como parte de un plan para combatir el fraude, las organizaciones sociales denuncian que son herramientas para recortar derechos esenciales, dejando a miles de personas sin sustento en un contexto de crisis económica.
Obstáculos burocráticos insalvables
La exigencia de un Certificado Médico Oficial dificulta el acceso a las pensiones, especialmente en zonas rurales o provincias con limitada infraestructura sanitaria. Obtener la documentación necesaria requiere recursos y acceso a médicos oficiales o instituciones habilitadas, algo fuera del alcance de muchas familias.
Una política que profundiza la desigualdad
Aunque el gobierno sostiene que estas medidas buscan transparencia y eficiencia, los resultados evidencian un brutal ajuste que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. El golpe a las PNC por invalidez agrava la desigualdad, dejando a miles de familias al borde de la pobreza extrema.
El costo social del ajuste
Mientras las promesas de eficiencia y combate a las irregularidades se diluyen en un mar de exclusión, surge una pregunta inevitable: ¿este es el futuro prometido por la Administración Milei? Para muchos, las nuevas normativas representan no solo un recorte económico, sino también una violación de derechos básicos.
La implementación del Decreto 843/2024 marca un punto crítico en las políticas sociales del país, poniendo en duda el compromiso gubernamental con los sectores más desfavorecidos y dejando en evidencia el costo humano de las decisiones políticas.