En los últimos días, dos episodios vinculados a las fuerzas de seguridad han generado preocupación y reclamos por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos. En Jujuy, Rodrigo Torres, un joven de 22 años, murió tras ser perseguido y baleado por efectivos de la Gendarmería Nacional. En Mar del Plata, Matías Paredes, un albañil de 26 años, falleció tras recibir disparos de agentes de la Policía Bonaerense, quienes lo interceptaron sin identificarse.
El primer caso ocurrió en La Quiaca, cuando Torres, estudiante de turismo y trabajador agrícola, se dirigía en motocicleta a comprar hojas de coca. Según denuncian sus allegados, una patrulla de Gendarmería lo persiguió a los tiros, causándole heridas que le provocaron la muerte. Hasta el momento, ni la fuerza ni el Ministerio de Seguridad de la Nación han dado una versión oficial sobre lo sucedido.
En Mar del Plata, Paredes fue atacado por policías de civil en el barrio Bosque Grande. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo el joven recibe cuatro disparos. Según fuentes oficiales, el operativo estaba vinculado a la búsqueda de un sospechoso por otro delito, aunque la familia de la víctima sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil.
Diversas organizaciones han expresado su repudio y exigen una investigación independiente que esclarezca lo sucedido. Mientras tanto, estos hechos han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza, el accionar de las fuerzas de seguridad y la necesidad de garantizar mecanismos de control y transparencia.